El rechazo parlamentario frena una medida que generaba incertidumbre en el colectivo emprendedor de autónomos y que amenazaba con elevar de forma desproporcionada las cargas sociales.
El intento del Gobierno de España de implantar un nuevo esquema de cotizaciones sociales para los autónomos en el periodo 2026-2028 ha quedado finalmente descartado tras el rechazo manifestado por los grupos políticos con mayoría en el Congreso.
La propuesta contemplaba incrementos que iban desde el 4% al 35% en 2026 y que podían alcanzar hasta un 105% en 2028. Además, fijaba las bases de cotización de los trabajadores autónomos para los próximos seis años, sin tener en cuenta la evolución de la economía ni del empleo. Este planteamiento había despertado gran preocupación e incertidumbre en un contexto marcado por la inflación, la caída del consumo y las dificultades de miles de pequeños negocios para sostener su actividad.
El impacto habría sido especialmente duro para aquellos con menores ingresos: incluso los autónomos que apenas facturan 3.000 euros al año hubieran tenido que afrontar un incremento de 200 euros anuales en su cuota. Esto suponía, en la práctica, que todos los autónomos —con independencia de sus rendimientos— acabarían pagando más, lo que contradecía el principio de progresividad introducido en la reforma de 2022.
Las críticas también apuntaban a la rigidez del modelo, blindado a seis años vista, mientras que las bases de cotización de los asalariados se revisan anualmente en función de los Presupuestos Generales del Estado. A ello se sumaba la falta de mejoras reales en derechos y prestaciones, más allá de ciertos ajustes en el acceso al cese de actividad, considerados insuficientes por el sector.
Con este rechazo parlamentario se pone freno a una medida que generaba inquietud y desconcierto entre autónomos y emprendedores de toda España, y que podía haber supuesto un duro golpe a su competitividad y supervivencia.
👉 Desde FEDEPALMA nos congratulamos del resultado y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los trabajadores autónomos y pequeños empresarios, pilares fundamentales de la economía y del empleo en La Palma y en el conjunto del país.